Luis Carvajal
Indignación, ira y un profundísimo sentimiento de asco genera conocer el historial de la persona que, en representación del Sistema de Naciones Unidas, encabeza el equipo que se encargará de evaluar el conflicto de Los Haitises. JUAN MAYR MALDONADO, ex ministro de Medioambiente de la República de Colombia.
Un verdadero memorial de agravios al ambiente y a las comunidades originarias adorna la hoja de vida de quien habrá de conducir la experticia en torno al conflicto generado por el deseo de una entidad privada de instalar r una cementera en una zona frágil del Carso de Los Haitises.
Para ilustrar, citamos un documento elaborado por grupos ambientales preocupados por la discusión del Protocolo de Bioseguridad de Colombia que implicaba la amenaza para perder la soberanía sobre los genes, la biodiversidad y los conocimientos y prácticas ancestrales:
“No confiamos en la tarea que haya hecho para lograr un acuerdo en el Protocolo de Bioseguridad, pues en la relación con los pueblos indígenas de Colombia, su actuar ha estado basado en el engaño, el irrespeto y en otras conductas que están distantes de la buena fe, que debería tener todo funcionario público y toda persona que presuma de haber aprendido algo de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, el ministro está desconociendo la estructura organizativa de los pueblos indígenas.
Juan Mayr, valiéndose del acceso a la tecnología como el internet, está realizando una amplia campaña de desinformación en lo referente a la problemática de los indígenas emberá katío del Alto Sinú frente a la Represa Hidroeléctrica de Urrá, y a los indígenas U’wa frente a la empresa petrolera Oxidental de Colombia en su territorio. Se ha hecho creer que el problema ya ha sido solucionado, que ya se ha surtido la consulta y concertación con los indígenas y que las justas reclamaciones de los pueblos indígenas son expresiones de minorías o fracciones que se oponen al desarrollo del país.”
En el caso del conflicto de Los Haitises, el Gobierno dominicano acudió a una supuesta fuente externa, ajena y neutra al conflicto.
Crédulos, bienintencionados e ingenuos, muchos sectores saludaron la “sabia propuesta de las autoridades”. Entendían que evidenciaba una forma digna de salir del embrollo de una concesión impertinente e ilegal.
Invito a leer lo que escribieron representantes de grupos ambientalistas y líderes originarios colombianos que ilustra quien es, como actúa y cómo piensa este “especialista de altísimo nivel al servicio del Sistema de las Naciones Unidas”:
“Caso de los indígenas emberá katío del Alto Sinú frente a la represa Hidroeléctrica de Urrá.
Después que la Corte Constitucional ordenó la realización de la consulta bajo unos parámetros bien definidos y el cumplimiento, por parte del Estado, de una serie de obligaciones previas al llenado del embalse, el Ministro Juan Mayr dio la licencia que autoriza el llenado sin que se hubiera realizado la consulta en debida forma y sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones previas. De tal forma que el embalse se continúa llenando, a pesar de que no se ha realizado la consulta con los indígenas brindando las garantías necesarias para que sea un proceso transparente, pues el intento que se hizo estuvo rodeado por el temor de los indígenas, motivado en que importantes líderes han sido asesinados, otros amenazados, lo mismo que sus asesores; a esto se suma el papel tan pasivo del Estado pues además de no seguir el proceso con funcionarios del nivel decisorio, manifestó que su papel era de "observador", desconociendo su obligación de ser garante de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Así mismo, tampoco se ha concertado la reubicación de los indígenas que habitan en una zona que está muy próxima a ser inundada.”
Caso de los indígenas U’wa frente a las actividades de la empresa petrolera Oxidental de Colombia.
“El Ministro Juan Mayr, expide la licencia que autoriza la prospección exploratoria a la Oxy, sin que se haya realizado la consulta con el pueblo indígena U’wa. A pesar de tener en sus manos pruebas contundentes de la afectación del proyecto al territorio tradicional U’wa y a la parte del mismo constituido como Resguardo, no realizó la consulta previa, desconociendo abiertamente la normatividad Constitucional y Legal vigente en nuestro país así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En vista de que los indígenas han seguido ocupando su territorio tradicional, el Resguardo constituido y sus fincas de propiedad privada colectiva, las fuerzas militares de Colombia los han desalojado violentamente para darle paso al gran capital por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas, con una actitud genocida contra este y en general contra todos los pueblos indígenas de Colombia.”
Estos casos son solo una muestra pequeña del currículo de la persona asignada por el PNUD, seleccionada no sabemos por quién ni bajo cuáles criterios.
Está claro que en lucha por Los Haitises, por Bahía Luperón, por Bahía de las Águilas, por Lagunas Redonda y Limón; por todas las áreas y recursos naturales del país; por el derecho de las comunidades y del pueblo dominicano a sus aguas, sus suelos, su aire, su historia, su presente y, sobre todo su futuro no se detendrá por ninguna razón.
Para que siempre haya patria.
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